En un giro de eventos que resalta la tensión entre las instituciones educativas y judiciales, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha salido victoriosa en un amparo que desafía un fallo previo relacionado con la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel. El debate legal se centra en un supuesto plagio de tesis de licenciatura en Derecho de Esquivel, alegato que ha retumbado en los corredores de la justicia y la academia en México.
La decisión de un juez local de suspender indefinidamente el caso ha sido revocada por el juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, Eduardo Hernández, quien otorgó el amparo a la UNAM, reivindicando así la capacidad de la universidad para continuar con sus procedimientos internos. Este fallo es un claro ejemplo de cómo la legalidad puede influir en la percepción pública de las instituciones y sus representantes.
La resolución del juez Hernández sostiene que la petición original no incluía una demanda explícita de prescripción, sino una solicitud genérica de firmeza, lo cual, según el fallo, resulta improcedente. Se enfatiza que la actuación del juez local no se alineaba con el espíritu de la ley, violando el principio de legalidad que se encuentra en el corazón del artículo 16 de la Constitución Federal.
A pesar de este giro favorable para la UNAM, la defensa de la ministra Esquivel aún puede presentar un recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado, manteniendo el caso en el limbo legal. Esquivel, por su parte, ha emitido un comunicado a través de su oficina, destacando cuatro puntos clave que, según ella, mantienen intactas las medidas cautelares a su favor, y que la UNAM no impugnó la sentencia civil que la reconoce como única autora de su tesis de licenciatura.
Este caso no solo es relevante por sus implicaciones legales, sino también por su potencial impacto en la credibilidad y la ética académica. La situación coloca a la UNAM en una posición de defensa de sus principios y procesos internos, mientras que la ministra Esquivel se enfrenta al escrutinio público y al cuestionamiento de su integridad académica.
El público joven, especialmente los de 25 años que se encuentran en una etapa crítica de formación académica y profesional, mira este caso como un reflejo de la lucha por la transparencia y la honestidad en el ámbito educativo y judicial. La resolución de este caso podría sentar precedentes importantes para la comunidad estudiantil y el sector legal en México.
