La reciente aprobación de la reforma judicial en México, en septiembre de 2024, ha desencadenado un debate intenso entre los distintos sectores políticos y sociales del país. Esta reforma, impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, busca transformar radicalmente el sistema judicial mediante la introducción de nuevas medidas que prometen hacer la justicia más accesible, pero que también han despertado preocupaciones sobre la independencia del poder judicial.
La reforma judicial en México es como cambiar las reglas del juego de los jueces. Ahora, en vez de que solo unos pocos elijan a los jueces más importantes, las personas podrán votar por ellos, como cuando se elige al presidente. También, se decidió que habrá menos jueces en la Suprema Corte y que trabajarán menos tiempo.
El objetivo es hacer que las decisiones de los jueces sean más rápidas y transparentes, pero algunas personas están preocupadas porque esto podría hacer que los jueces piensen más en ganar votos que en ser justos.
¿Qué Cambios Introduce la Reforma Judicial?
Uno de los principales cambios que trae esta reforma es la elección popular de jueces y magistrados. A partir de 2025, los ciudadanos podrán votar directamente por los magistrados de circuito, jueces de distrito y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esta medida busca acercar el poder judicial al pueblo, fomentando una mayor transparencia y rendición de cuentas.
Este cambio, sin embargo, ha sido criticado por sectores opositores, quienes argumentan que someter a los jueces a elecciones populares podría poner en riesgo la independencia judicial, pues los jueces estarían expuestos a presiones políticas y electorales que podrían influir en sus decisiones.
Reestructuración de la Suprema Corte de Justicia
Otro de los cambios significativos es la reducción del número de ministros de la SCJN, que pasará de 11 a 9, y la disminución de sus mandatos de 15 a 12 años. Además, se eliminará la pensión vitalicia que tradicionalmente recibían los ministros tras retirarse. Estas medidas buscan optimizar la operación del máximo tribunal y hacerlo más eficiente, reduciendo los privilegios de sus miembros.
Asimismo, todas las sesiones del pleno de la SCJN serán públicas y transparentes, permitiendo que la ciudadanía tenga acceso a las discusiones judiciales de mayor relevancia para el país.
Un Proceso Legislativo Tenso
La aprobación de la reforma no estuvo exenta de dificultades. La sesión en el Senado, en la que se votó la reforma, fue interrumpida por manifestantes y senadores opositores que intentaron frenar el proceso. No obstante, la mayoría legislativa de Morena y sus aliados logró mantener el curso de la discusión, alcanzando la mayoría calificada para aprobar la reforma en lo general.
El debate fue particularmente intenso, con miembros de la oposición denunciando que la reforma comprometería la autonomía del poder judicial frente al poder político. Sin embargo, los defensores de la medida sostienen que esta es una oportunidad única para democratizar y modernizar el sistema judicial mexicano, haciendo la justicia más rápida y accesible para todos.
Conclusión
La reforma judicial aprobada en México es un hito que transformará la relación entre la ciudadanía y el poder judicial. Aunque sus defensores celebran la democratización del proceso judicial y la transparencia, sus detractores temen una mayor politización del sistema. El tiempo dirá cómo se implementarán estas medidas y cuál será su impacto real en la impartición de justicia en el país.
¿Qué implica la elección popular de jueces?
A partir de 2025, los jueces y magistrados serán elegidos por voto popular, lo que busca aumentar la transparencia y el acceso ciudadano al sistema judicial.
¿Cómo cambia la estructura de la SCJN?
Se reduce el número de ministros de 11 a 9, y el mandato será de 12 años en lugar de 15. Además, las sesiones del pleno serán públicas.
¿Qué críticas ha recibido la reforma?
La principal crítica es que la elección popular de jueces podría comprometer la independencia del poder judicial, exponiendo a los jueces a presiones políticas.
