Tras una intensa maratón de debates que duró tres días, la Cámara de Diputados de México ha dado el visto bueno al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el año 2024. La votación, que culminó con 266 votos a favor, 204 en contra y una abstención, estuvo cargada de tensión política, especialmente en lo que respecta a la asignación de fondos para la reconstrucción de Acapulco, gravemente afectado por el huracán Otis.
La negativa del partido Morena a etiquetar recursos específicamente para los esfuerzos de reconstrucción ha suscitado fuertes críticas, tanto dentro como fuera de la bancada. La controversia alcanzó su clímax cuando los diputados afines a Marcelo Ebrard, conocidos como "marcelistas", presentaron una propuesta para destinar al menos el 15% de los ingresos petroleros excedentes del ejercicio 2024 a Guerrero y a los municipios afectados por el desastre natural. La promesa incumplida de Ignacio Mier, coordinador de Morena, de que la modificación sería aprobada, ha resultado en un visible quiebre dentro del partido, con la diputada Selene Ávila renunciando a la bancada y acusando de traición a sus compañeros.
El PEF 2024, que contempla un total de 9 billones 66 mil millones de pesos, no solo ha dejado a Acapulco en una posición vulnerable, sino que también ha generado preocupación por los recortes significativos a órganos autónomos y estados. Los órganos autónomos enfrentarán una reducción de 13 mil 262 millones de pesos en comparación con lo solicitado, con el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Poder Judicial entre los más afectados.
Solo tres de las más de 3 mil reservas presentadas fueron aprobadas, incluyendo una polémica asignación de 15 mil millones de pesos procedentes de los fideicomisos extinguidos del Poder Judicial para Acapulco, aún con una suspensión judicial en proceso para evitar que esos recursos se transfieran a la Tesorería de la Federación.
Este presupuesto ha evidenciado no solo las tensiones internas en Morena sino también ha puesto en relieve el desafío constante de equilibrar las necesidades de austeridad fiscal con las demandas sociales y de reconstrucción en áreas afectadas por desastres naturales.
