La reciente aprobación de un recorte sustancial al Poder Judicial por un total de 15.450 millones de pesos, que resulta en la extinción de 13 de los 14 fideicomisos existentes en la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral, ha desencadenado una serie de protestas y un paro de labores por parte de los trabajadores del sector judicial en México. Los empleados sindicalizados, encabezados por el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF), iniciaron una movilización nacional a partir del 16 de octubre, manifestando su descontento mediante bloqueos viales, vistiendo de blanco como forma de protesta, y organizando manifestaciones en diferentes estados del país.
El recorte presupuestal, impulsado por la fracción parlamentaria de Morena y sus aliados, argumenta que los fideicomisos no se administraban con transparencia y que los recursos se destinaban mayormente a prestaciones económicas de privilegio para un grupo muy reducido de funcionarios. Los fondos recuperados se proyectan para ser redistribuidos hacia programas sociales y obras de infraestructura a través de la Tesorería de la Federación. Sin embargo, los trabajadores del Poder Judicial señalan que esta medida atenta contra sus derechos laborales y la autonomía del Poder Judicial, sumándose a las "constantes descalificaciones" por parte del presidente López Obrador hacia su labor.
El 24 de octubre, se alista una protesta en la Cámara de Diputados, coincidiendo con el inicio del Parlamento Abierto por el presupuesto de 2024, como parte de las acciones de presión que llevarán a cabo los sindicatos y agrupaciones en defensa del Poder Judicial.
