El estado de Sinaloa, conocido por sus paisajes, gastronomía y cultura, enfrenta una realidad paralela en la que miles de indígenas claman por un cambio. Estos grupos originarios, repartidos principalmente en municipios como Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave y Sinaloa de Leyva, constituyen una parte fundamental del tejido social y cultural del estado, pero sus necesidades básicas continúan siendo ignoradas.

Según datos del INEGI en 2015, estos municipios albergaban a 77,000 indígenas. Sin embargo, estimaciones recientes sugieren que este número ha crecido, superando ya los 100,000 habitantes. Estos números, aunque reveladores, no cuentan la historia completa. Detrás de las cifras se encuentran familias enteras sin acceso a servicios básicos, como agua potable, educación, salud y vivienda digna. Muchos incluso carecen de un acta de nacimiento, un derecho humano básico y esencial para acceder a varios servicios gubernamentales.

A pesar de las promesas de cambio y progreso realizadas por diversos niveles de gobierno, los avances han sido lentos o inexistentes. La participación del Movimiento Antorchista, con más de cuatro décadas de experiencia en la lucha por los derechos de los más desfavorecidos, ha sido esencial para dar voz a estas comunidades y organizar sus demandas.

El caso del municipio de El Fuerte es emblemático. A pesar de las promesas electorales y las múltiples reuniones con autoridades, las necesidades más apremiantes de sus habitantes indígenas siguen sin respuesta. Esta falta de acción no solo es un reflejo de la desigualdad persistente, sino también de la urgente necesidad de repensar las prioridades políticas y sociales en la región.

Los indígenas sinaloenses, al igual que todos los mexicanos, tienen el derecho a vivir con dignidad, acceso a servicios básicos y oportunidades para un futuro mejor. Su lucha es un recordatorio de que México debe trabajar para garantizar que todos sus ciudadanos, sin importar su origen étnico o económico, sean tratados con justicia y equidad.